Los activos omitidos representan aquellos bienes o recursos financieros que no son declarados en las obligaciones tributarias, a pesar de existir una clara exigencia legal de hacerlo. Esta omisión puede acarrear serias consecuencias para los contribuyentes, tanto en términos de sanciones económicas como en la credibilidad ante las autoridades fiscales.
Cuando se habla de activos omitidos, se refiere a cualquier tipo de propiedad, cuentas bancarias, inversiones, bienes raíces u otros activos financieros que no fueron debidamente reportados en las declaraciones fiscales correspondientes. La normativa tributaria establece sanciones específicas para aquellos que no cumplan con la obligación de declarar estos activos.
La sanción principal por la omisión de activos en las declaraciones tributarias es la conocida como “sanción por inexactitud”. Esta sanción puede ser severa, ya que puede llegar a ser el 100 % de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según corresponda, determinado en la liquidación oficial de impuestos y el monto declarado incorrectamente por el contribuyente. En el caso específico de declaraciones de ingresos y patrimonio, la sanción puede ser del 15 % de los valores inexactos reportados.
Para las personas naturales que poseen activos en el exterior, la situación es igualmente delicada. La omisión de declarar estos activos puede llevar a ser sancionado por la DIAN). La sanción aplicable en estos casos suele ser equivalente al mayor valor entre el 5 % del patrimonio bruto que se reportó en la última declaración de impuesto sobre la renta presentada y el 5 % del patrimonio bruto determinado por la DIAN para el período correspondiente a la declaración no presentada. Esta medida tiene como objetivo desincentivar la evasión fiscal y asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de manera transparente y equitativa.
En conclusión, la no declaración de activos, ya sea en el ámbito local o internacional, no solo constituye una infracción legal, sino que también expone a los contribuyentes a sanciones financieras significativas y a una posible pérdida de credibilidad frente a las autoridades fiscales. Es fundamental para cualquier persona o entidad cumplir con las normativas fiscales vigentes y asegurarse de reportar correctamente todos los activos que posean, asegurando así una gestión fiscal adecuada y evitando riesgos innecesarios.
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